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Tipos de Amparo Legal Frente a la Deportación

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A continuación se presenta un resumen de los tipos más frecuentes de amparo legal disponibles para un extranjero que se encuentra en proceso de deportación. Estas descripciones no contienen información detallada y están sujetas a cambios debido a que el Congreso puede crear nuevas leyes.

Amparo discrecional

Cuando un extranjero enfrenta la deportación, si es elegible, puede solicitar uno o más tipos de amparo discrecional. Esta sección describe algunos tipos de amparo discrecional que se encuentran disponibles durante una audiencia. El amparo administrativo y la revisión judicial posterior al término de la audiencia se discuten más adelante.

El extranjero tiene la obligación de probar que es elegible legalmente para recibir un amparo y, generalmente, que merece dicho amparo de manera discrecional.

Salida voluntaria. La salida voluntaria es la alternativa más común a la deportación y puede ser otorgada tanto por los Jueces de Inmigración, como por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mismo que tomó las funciones del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS). La salida voluntaria evita el estigma del traslado forzoso, al permitir que el extranjero salga de los Estados Unidos por su cuenta y que vuelva a su país de origen o a otro país (si es que el individuo puede asegurar la entrada a dicho país). Es importante notar que los extranjeros a los que se les otorga la salida voluntaria deben salir del país dentro del periodo especificado por el Juez de Inmigración. Aunque el Juez de Inmigración tenga la discreción de establecer un plazo límite más corto, a los extranjeros que se les otorga la partida voluntaria antes de que concluya su juicio de deportación, se les da un plazo de 120 días para salir del país. Aquellos a quienes se les otorga dicho remedio al concluir el juicio de deportación, deben salir en 60 días. Adicionalmente, para evitar ser penalizado por hacer una apelación en vez de salir del país, la Junta de Apelaciones Migratorias (BIA) usualmente extiende una prórroga de 30 días para que el extranjero parta de manera voluntaria.

Al igual que con otras formas de amparo discrecional, ciertos individuos no son elegibles para la salida voluntaria. A quienes se les otorga la salida voluntaria y no la cumplen, quedan sujetos a multas y durante 10 años no son elegibles para solicitar otras formas de amparo.

Cancelación de la deportación. Esta forma de amparo discrecional se encuentra disponible para los residentes legales permanentes y para quienes no sean residentes permanentes pero cumplan con los requisitos. Para los residentes legales permanentes, la cancelación de la deportación puede otorgarse si el individuo cumple con los siguientes requerimientos:

  • Ha sido residente permanente durante los últimos 5 años;
  • Ha residido continuamente en los Estados Unidos durantes al menos 7 años después de haber sido legalmente admitido; y
  • No ha cometido un delito grave o "aggravated felony"; un término que es mayormente definido entre las leyes migratorias, que en las no migratorias.

La cancelación de la deportación para los no-residentes se puede otorgar si el extranjero:

  • Ha estado presente en los Estados Unidos durante los últimos 10 años;
  • Ha sido una persona de buen carácter moral durante dicho periodo;
  • No ha cometido un delito que pudiera dar motivo a la deportación; y
  • Demuestra que la deportación ocasionaría un sufrimiento extremo e inusual a sus familiares inmediatos [limitado al cónyuge del extranjero y a sus hijos(as)] que sean ciudadanos o residentes legales permanentes.

Es importante notar que en el caso de las víctimas de violencia doméstica se aplican diferentes estándares para determinar la elegibilidad.

El asilo. Bajo el Decreto de Inmigración y Nacionalidad (INA), el Procurador General puede, de acuerdo a su criterio, otorgar asilo a un extranjero que califique como un "refugiado". Generalmente esto requiere que el solicitante de asilo demuestre su incapacidad para regresar a su país de origen debido a que fue perseguido en el pasado, o porque tiene un temor bien justificado de futura persecución relacionada con su raza, su religión, su nacionalidad, su membresía en un grupo social particular, o su opinión política. No obstante, un extranjero puede no ser elegible para obtener asilo bajo ciertas circunstancias, tales como: no haber enviado su solicitud de asilo dentro del primer año de su llegada a los Estados Unidos, haber sido acusado de un delito grave, o ser una amenaza para la seguridad nacional. Otras formas similares de amparo son el aplazamiento de la deportación y la solicitud bajo el amparo de la Convención de las Naciones Unidas en Contra de la Tortura (CAT por sus siglas en inglés).

Ajuste del estado migratorio. Este remedio discrecional se encuentra disponible para cambiar el estado migratorio de "no-inmigrante" a "residente legal permanente". Los extranjeros que fueron admitidos previamente en los Estados Unidos pueden solicitar al DHS que ajuste su estado migratorio, mientras que los extranjeros que se encuentran en proceso de deportación deben solicitarlo ante un Juez de Inmigración. Se deben reunir varios requisitos, por ejemplo, que el extranjero sea admisible para recibir la residencia permanente y que al momento de la solicitud haya una visa disponible inmediatamente. Los extranjeros que califican para recibir la visa que permite el ajuste del estado migratorio, generalmente lo hacen a través de una petición por parte de su cónyuge (o algún otro familiar) o de un empleador. Ciertos individuos no pueden modificar su estado migratorio; esto incluye a los criminales, a los extranjeros que no se presentaron a su juicio, a quienes no salieron del país después de haber recibido la orden de partida, y a aquellos cuya deportación fue ordenada porque no son elegibles para cambiar su estado migratorio.

Amparo administrativo y judicial

Moción para reabrir o reconsiderar un caso. Un extranjero puede hacer una moción para que su caso se reabra, o para que se reconsidere la decisión previa. Para ello el extranjero requiere enviar la moción al Juez de Inmigración o a la Junta de Apelaciones Migratorias (BIA), dentro del tiempo oportuno. El propósito fudamental de la moción para reabrir un caso es presentar evidencias nuevas o adicionales que sean sustanciales y que no se encontraban disponibles cuando ocurrió la audiencia original. Una moción de reconsideración requiere que se haga una reexaminación de la decisión, alegando presuntos errores legales y otros hechos. A menos que se haga una excepción, una de las partes puede solicitar tanto una moción para reabrir, como otra para reconsiderar. Aunque hay algunas excepciones, generalmente una moción para reabrir un juicio se debe hacer antes de que se cumplan 90 días desde la fecha en que se dio la orden final de deportación.

La moción para reconsiderar la decisión se debe hacer antes de que se cumplan 30 días desde que se dió la orden final. Hacer una moción no suspende la ejecución de la deportación, a menos que la interrupción se ordene por parte de: (1)un Juez de Inmigración, (2)la BIA, (3)el DHS, o (4)porque el extranjero pretende reabrir una orden en ausencia ("in absentia order"), que se refiere a una decisión que se toma cuando el extranjero estuvo ausente durante el juicio.

Interrupción indefinida de la deportación. Una interrupción indefinida previene que el DHS ejecute una orden de traslado, de deportación o de exclusión. Dependiendo de la situación, una interrupción indefinida puede ser automática o discrecional. Durante el tiempo permitido para hacer una apelación, un extranjero tiene derecho inmediato a la suspensión indefinida de la deportación (a menos que se solicite la renuncia al derecho de apelación), mientras que su apelación está pendiente ante la BIA; o mientras el caso se encuentra ante la BIA, pero en vías de la certificación.

Excepto en los casos relacionados con órdenes de ausencia, hacer una moción para reabrir o reconsiderar un caso no detiene la ejecución de cualquier decisión tomada respecto al caso. De igual manera, hacer una petición para que se revise el caso en una Corte Federal no interrumpirá automáticamente la orden final de deportación. Por lo tanto, una orden de deportación procederá, a menos que el extranjero solicite y le sea otorgada de manera discrecional la interrupción de la deportación por parte de cualquiera de las siguientes instancias: la BIA, el Juez de Inmigración, el DHS, o la Corte Federal. Dicha interrupción es temporal y a menudo se complementa con una moción escrita solicitando la reapertura o la reconsideración de un caso enviado a la Corte migratoria o a la BIA; también se puede complementar con una apelación enviada a la Corte Federal.

Apelación administrativa. La BIA es el órgano administrativo más alto en lo que a autoridad de interpretar leyes migratorias federales se refiere. La BIA tiene jurisdicción para escuchar las apelaciones sobre las decisiones de los Jueces de Inmigración y de ciertas decisiones tomadas por el DHS. Tanto un extranjero como el DHS pueden apelar la decisión de un Juez de Inmigración. Al decidir los casos, la BIA puede: descartar o sustentar la apelación, enviar el caso de vuelta al Juez de Inmigración que tomo la decisión, o en contadas ocasiones, referir el caso al Procurador General para que éste tome la decisión. Una decisión procedente de la BIA es obligatoria para el DHS y para los Jueces de Inmigración a lo largo del país, a menos que el Procurador General modifique la decisión o regule lo contrario.

Con respecto al plazo límite de envío, la apelación a la decisión de un Juez de Inmigración debe recibirse antes de que se cumplan 30 días hábiles desde la fecha en que la decisión fue emitida por la corte.

Revisión Judicial. El Decreto de Inmigración y Ciudadanía (INA) confiere a las Cortes Federales la jurisdicción sobre ciertas decisiones apeladas por la BIA. Sin embargo, leyes posteriores han restringido sustancialmente la revisión judicial de las órdenes de deportación. Un extranjero tiene 30 días a partir de la fecha en que se tomó la decisión final de deportación, para hacer una apelación judicial, la cual generalmente se envía a la Corte de Apelaciones. Los procedimientos y la aplicación de una revisión judicial en los casos migratorios son complejos y se gobiernan por un sinnúmero de decisiones e interpretaciones de la corte, que en muchas circuntanstancias no están del todo resueltas. Para comprender mejor cómo una revisión judicial podría aplicarse a un caso específico, se debe consultar a un consejero legal calificado.

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